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Hasta hace cuatro años, la única memoria pública representada en un monumento que recordara la violenta muerte de funcionarios municipales, seguía siendo el obelisco ubicado en el paseo de la Constitución por el que “La ciudad honra a sus funcionarios muertos en la vía pública el 23 de agosto de 1920”, referencia al arquitecto José Yarza Echenique, el ingeniero César Boente Álvarez y el escribiente Joaquín Octavio Toledo, asesinados por disparos de pistola ese día. Este trágico episodio, con muchas zonas oscuras sin aclarar, tuvo lugar durante una huelga sindical del ramo de la electricidad y de la contrata municipal de mantenimiento del alumbrado público, cuando estos tres funcionarios estaban reponiendo bombillas fundidas en el principio del paseo de la Independencia, y fueron tiroteados desde uno de los evacuatorios subterráneos. Fue identificado como autor de los hechos un parado burgalés de paso por Zaragoza, que tras huir precipitadamente hacia el Coso, se internó por el Arco de San Roque hacia la plazuela de Gabriel Santángel, donde fue finalmente detenido. No deja de ser sorprendente que el acusado, de nombre Indalecio Domingo Lafuente, resultara ser un excepcional tirador, pues desde un ángulo casi imposible consiguió acertar siete de nueve disparos sobre las tres víctimas mortales. En algún periódico incluso se precisó que a cada víctima les había propinado dos disparos en el corazón. Todo un récord mundial para alguien aparentemente sin experiencia en tiro que acababa de comprarse una pistola y que la empleaba por primera vez. Seguir el desarrollo de este confuso y dramático evento a través de la prensa resulta estremecedor, tal y como debió sucederle a Antonio Machado, que cómo sería la cosa que llegó a componer unos versos donde reflejaba el clima de “caza de brujas” fomentado de forma intencionada desde los medios contra todo lo que oliera, signo de los tiempos, a obrerismo y organización sindical. De esta forma, la versión oficial de la historia pronto construyó un relato que se adecuaba perfectamente a los intereses de las clases dominantes de la ciudad en la convulsa etapa final de la Restauración monárquica, determinada por la conflictividad social y una intensa violencia que incluía el pistolerismo o terrorismo blanco impulsado por la patronal. De esta forma, y a través de los medios de comunicación, este crimen fue catalogado según intereses de clase e identificado como “crimen sindical”, el asesino como un “obrero”, y las víctimas fueron convertidas en símbolos del atacado orden establecido. La situación era tan intensa que la Cámara de Comercio se erigió en asamblea de “fuerzas vivas” de la ciudad, y dictó que la responsabilidad del crimen recaía en la clase obrera y en los sindicatos en general, por lo que exigió la ilegalización de los mismos y la expulsión de sus trabajos de todos los sindicados. Muchos patronos comenzaron a poner en práctica la política de despedir a trabajadores sindicados. Esta pionera “acción ciudadana” canalizó la indignación popular más extremista, demandando “no omitir ningún género de medidas, por enérgicas que sean para esclarecer lo ocurrido y para acabar con hechos de esta naturaleza”. El alcalde Ricardo Horno dimitió por las presiones recibidas, y poco después el gobernador civil, mano ejecutora de las decisiones del Gobierno de España, cesó a toda la corporación municipal, que fue sustituida por una nueva por el habitual procedimiento digital, y decretó además el estado de guerra, la suspensión de las garantías constitucionales y de la actividad sindical. Hubo detenciones arbitrarias de sindicalistas, acoso a las sedes de los sindicatos, y desde las instancias oficiales se fomentó la política de “desindicalización” como forma de conservar el puesto de trabajo.

El homenaje a los fallecidos incluyó el proyecto de un cenotafio que sería inaugurado en 1924, ya en plena Dictadura de Primo de Rivera, y en el paseo de la Independencia, en la zona más cercana a la plaza de Aragón. Con motivo de las obras de conversión del paseo en una autopista en 1961, este monumento fue desmontado y recolocado en el paseo de Marina Moreno curiosamente a la altura de la Delegación Provincial de Sindicatos, actual paseo de la Constitución, donde perdura. Además, la Sociedad Central de Arquitectos impulsó desde Madrid la colocación de una pequeña lápida en homenaje al arquitecto José Yarza Echenique, que fue adosada a la fachada del inmueble del nº 30 del paseo de la Independencia, por ser el lugar donde estaba domiciliada su familia. Allí perdura esta placa.

Como decíamos al principio, hasta el año 2016 la del cenotafio referido fue la única muestra de duelo público por la muerte violenta de funcionarios municipales. Y eso fue así cuando tras la sublevación militar de julio de 1936 contra la legalidad constitucional republicana, hasta 15 cargos electos del ayuntamiento de Zaragoza, incluyendo un exalcalde y varios alcaldes pedáneos, y 30 empleados municipales fueron asesinados por los sublevados en circunstancias tremebundas y en algunos de los diversos escenarios del horror de la represión más extrema en la Zaragoza del terrible verano y otoño de ese año. En el primer caso relatado anteriormente pasaron cuatro años para que viera la luz el monumento de homenaje, que incluía una inane inscripción que rezaba “Ponga Dios paz en las luchas sociales que llevan a estos horribles descaminos”. En el segundo caso tuvieron que transcurrir ochenta años, incluyendo 37 tras la recuperación de la democracia municipal en 1979, con unas cuantas corporaciones de mayoría socialista más que holgada. Tuvo que ser la efímera confluencia social y política de Zaragoza en Común la que, con su hegemonía institucional en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2015, impulsara la colocación de una placa alusiva a este hecho en la esquina oriental del Ayuntamiento, lindando con la calle de Ximénez de Embún, que fue inaugurada en septiembre de 2016 con presencia de todos los grupos municipales de la época, y que allí perdura. En este caso la placa no incluye ninguna ociosa referencia religiosa que acompañe a la relación de asesinados y la causa de su muerte no natural. Esta aproximación a ambos hitos memorialistas muestra de forma bastante clara, a nuestro juicio, la dispar memoria oficial de los funcionarios asesinados en esta ciudad.

Terminamos así esta audición del programa de hoy de “Zaragoza te habla”, y os emplazo para una próxima edición. Salud pública, ánimos y abrazos virtuales, y que no os coma la oreja cualquier descerebrado de esos, y esas, que tanto se escuchan bramar hoy en día. Nos oímos en una próxima entrega, que será la última de esta bien singular temporada, sobre todo desde mediados del mes de marzo. Un cordial saludo.